El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) insiste ante el Congreso en avanzar con cuatro reformas estratégicas congeladas desde 2023.
El objetivo es modernizar un marco normativo con reglas de mediados del siglo XX. Andrei Cambronero, jefe de despacho de la presidencia del TSE, explicó la urgencia de estas iniciativas.
“Lo que a nosotros nos movió es llevar a una reflexión profunda de los representantes populares de cómo deben irse actualizando pautas del derecho electoral que en su gran mayoría responden a una legislación de la mitad del siglo XX”, indicó el vocero.
Expediente 23.883: Transparencia financiera y control del gasto partidario
Orientado a la fiscalización de las campañas, el proyecto “tenía pues ese enfoque de procesos electorales más austeros, más transparentes, más equitativos”, señaló Cambronero.
Sin embargo, el Congreso eliminó el esquema de financiamiento indirecto para medios. El vocero lamentó que “le quitaron una parte nuclear al proyecto presentado por el Tribunal Supremo de Elecciones”, la cual buscaba garantizar a todas las agrupaciones un piso mínimo de visibilidad mediante la compra equitativa de propaganda.
Expediente 24.308: Límite constitucional a la deuda política y gasto municipal
Esta reforma al artículo 96 constitucional busca fijar la contribución estatal en un 0,11% del PIB y elevar a rango constitucional el financiamiento municipal. Cambronero advirtió sobre la vulnerabilidad del sistema: “Ese modelo de reembolso del gasto hace que haya una alta dependencia a capitales privados durante los momentos en los que los partidos requieren más dinero”. Asimismo, enfatizó la necesidad de normar el financiamiento indirecto para asegurar equidad en la contienda.
Expediente 23.884: Requisitos de inscripción y fortalecimiento partidario
Ante un registro con 160 partidos e inscripciones guiadas por reglas de 1952, la propuesta actualiza los criterios de representatividad territorial. Cambronero sostuvo que “no se trata de la cantidad de partidos que tenemos, sino del tipo de partidos que tenemos”. La iniciativa faculta además a asambleas superiores a destituir dirigentes por faltas éticas. “Debemos preocuparnos por tener partidos que se adapten a las nuevas exigencias con una representación territorial real, con bases fuertes”, argumentó.
Expediente 23.885: Regulación de propaganda digital y veto a desinformación
Este proyecto norma la comunicación electoral en redes sociales y exige representación legal a plataformas.
“Evidentemente hay una prohibición a los llamados trolls y bots en una lógica de que la política es de ciudadanos”, asevera Cambronero.
El vocero defendió el debate auténtico: “Ser ciudadano y ciudadana en una democracia no solo es tener derechos, sino también hacerse cargo… que no sea una conversación ficcionada o mediada por agentes externos”.
Cambronero concluyó que las cuatro iniciativas se complementan entre sí. Estas propuestas fueron acogidas en la anterior legislatura por el partido Frente Amplio, sin embargo, algunas no prosperaron o no tuvieron las reformas base solicitadas por el TSE.
