El 69% de los guatemaltecos considera que el narcotráfico intentará influir en las Elecciones Generales de 2027. La percepción, recogida en una encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup publicada este martes, refleja la preocupación de los ciudadanos ante la posibilidad de que las estructuras criminales busquen incidir en el proceso electoral del próximo año.
El estudio, realizado entre el 12 de septiembre y el 1 de octubre, también muestra que el 68% de los encuestados está de acuerdo con que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o los tribunales del país impidan la participación de determinados candidatos a la Presidencia. Un 22% rechaza esa posibilidad y un 10% no sabe o no responde.
Los resultados no identifican a candidatos, partidos u organizaciones criminales concretas, ni acreditan que exista una operación para interferir en los comicios. Miden, en cambio, la percepción de los ciudadanos sobre dos cuestiones que estarán presentes en el debate electoral: la posible influencia del narcotráfico y la intervención de las autoridades para impedir determinadas candidaturas.
Ante la pregunta sobre la eventual incidencia del narcotráfico en las elecciones, el 14% respondió que no cree que estas estructuras intenten influir, mientras que el 16% manifestó que no sabe o todavía no tiene una opinión definida.
La encuesta también revela que el 58% de los entrevistados tiene intención de votar en 2027. Un 32% afirma que no lo hará y un 9% todavía no lo sabe.
LA NARCOPOLÍTICA EN LA AGENDA INSTITUCIONAL
La preocupación que refleja la encuesta coincide con las advertencias de las autoridades sobre los posibles vínculos entre el crimen organizado, los recursos de procedencia ilícita y la actividad política de cara a las elecciones de 2027.
El pasado 22 de septiembre, el fiscal general, Gabriel García Luna, y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, abordaron el combate al narcotráfico y la narcopolítica durante una reunión con fiscales de Estados Unidos en el Palacio Nacional de la Cultura, en presencia del presidente Bernardo Arévalo.
García Luna, más tarde en una declaración pública oficial, advirtió de que el narcotráfico ya no se limita al traslado y la comercialización de drogas. Las estructuras criminales, explicó, generan recursos que necesitan movilizar, ocultar e incorporar a circuitos aparentemente lícitos. Cuando ese dinero busca penetrar los espacios políticos, electorales o de justicia, el fenómeno adquiere otra dimensión y exige una respuesta institucional.
El fiscal general señaló que Guatemala necesita mejorar sus capacidades para detectar posibles conexiones entre organizaciones criminales, capitales ilícitos y actividades políticas o electorales. Para ello, planteó reforzar la investigación especializada, el análisis financiero y patrimonial y el intercambio de información entre instituciones.
La estrategia del Ministerio Público (MP) contempla fortalecer las capacidades de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos y la Fiscalía de Delitos Electorales. La coordinación entre esas unidades permitiría investigar tanto las estructuras criminales como el origen y el destino de sus recursos, además de posibles hechos que constituyan delitos electorales.
La cooperación con Estados Unidos forma parte de ese esfuerzo. La delegación estadounidense que visitó Guatemala en septiembre afirmó que el objetivo es perseguir no solo a los narcotraficantes, sino también a quienes facilitan sus operaciones o les brindan protección, incluidos los políticos vinculados con esas estructuras.
La reunión marcó, además, un intento de restablecer la cooperación bilateral en materia de justicia y seguridad después del distanciamiento durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y otros países por acciones señaladas como corruptas y antidemocráticas.
DESCONFIANZA HACIA LOS DIPUTADOS Y DUDAS SOBRE RUMBO DEL PAÍS
La encuesta también registra una valoración mayoritariamente negativa del Congreso. El 72% de los entrevistados califica como mala o muy mala la labor de los diputados, frente a un 18% que la considera muy buena o algo buena. El 10% restante afirma que no es ni buena ni mala, o no sabe o no responde.
La valoración negativa aumentó diez puntos porcentuales respecto de mayo de 2026, cuando se situaba en el 62%. En ese mismo periodo, la opinión favorable pasó del 26% al 18%.
La percepción sobre la capacidad de las elecciones para cambiar el rumbo del país también está dividida. El 48% considera que los comicios recientes no podrían cambiar la dirección de Guatemala, mientras que el 45 % cree que sí podrían hacerlo. Un 8% no sabe o no responde.
En cuanto a la importancia que los ciudadanos conceden a la política, el 71% afirma que le presta poca o ninguna atención. Solo el 28 % dice que le concede algo o mucha importancia, mientras que el 2 % no sabe o no responde, según los porcentajes publicados, que pueden presentar diferencias por redondeo.
Otro dato de la medición apunta a las preferencias sobre el sistema de gobierno: el 51% considera que, en determinadas circunstancias, un Gobierno autoritario puede ser mejor que uno democrático. El 32% sostiene que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno y el 17% afirma que le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, o no sabe o no responde.
Fundación Libertad y Desarrollo, en alianza con CID Gallup, realizó el estudio entre el 12 de septiembre y el 1 de octubre de 2026 mediante entrevistas cara a cara. La investigación utilizó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas.
La población consultada estuvo integrada por ciudadanos guatemaltecos de 18 años o más. En total, se realizaron 1 mil 213 entrevistas. La ficha técnica establece un margen de error de ±2,80 puntos porcentuales para los resultados totales y un nivel de confianza del 95%.
