La iniciativa de Morena, impulsada por Claudia Sheinbaum, llega a la Cámara de Diputados sin garantías de cosechar el apoyo del PT y el Verde
La renuncia a una doble nacionalidad como requisito para ser presidente, gobernador o jefe de Gobierno de Ciudad de México entra a la recta final del proceso legislativo con pronóstico reservado. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum será debatida esta semana en las dos Cámaras del Congreso y tiene garantizado el apoyo de Morena, pero no el de sus aliados legislativos, Verde y PT, que por distintos motivos podrían condicionar sus votos. En el Verde, hay senadores en contra de un candado que obligaría a los aspirantes a renunciar a la nacionalidad extranjera, en caso de tenerla, antes de registrarse como candidatos. Y, en el PT, hay malestar por la manera en la que han sido excluidos de la definición de candidaturas para 2027.
Todo ello pone en duda una reforma que la presidenta Sheinbaum considera indispensable en el marco de la defensa de la soberanía nacional, una prioridad en la que ha enfocado la estrategia de comunicación de su Gobierno en los últimos cinco meses. La reforma, según el dictamen que hoy será discutido en el pleno de la Cámara de Diputados, establece el requisito de no tener ni adquirir una nacionalidad distinta de la mexicana para acceder y ejercer los cargos de presidenta o presidente de la República, de gobernadora o gobernador de una entidad federativa y de jefa o jefe de Gobierno de Ciudad de México, salvo que se renuncie a ella antes del registro de la candidatura ante la autoridad electoral competente. Este nuevo requisito entraría en vigor en 2028, por lo que ya no afectaría a los candidatos a gobernador que preparan sus campañas del próximo año en 17 Estados.
Según expuso Sheinbaum en su iniciativa, la reforma no busca imponer una exigencia que responde a la naturaleza del cargo. “Se trata de asegurar que las decisiones de quienes ejercen las máximas responsabilidades ejecutivas tengan un solo referente de lealtad institucional: la Constitución, las leyes y el bienestar del pueblo de México”, argumenta la presidenta en la iniciativa que envió hace menos de un mes al Congreso y que pretende sacar adelante esta misma semana.
El nuevo requisito encontró el rechazo inmediato de los partidos de oposición (PRI, PAN y Movimiento Ciudadano) que, salvo sorpresas de último momento, votarían en bloque en contra del proyecto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero también enfrenta la resistencia de legisladores del Partido Verde, principalmente en el Senado, y un mal ambiente en el Partido del Trabajo, que se dicen “pisoteados” por la manera en la que la dirigencia de Morena ha procesado las candidaturas a gobernador de 2027.
De acuerdo con legisladores de la coalición, el camino de la propuesta presidencial está allanado en la Cámara de Diputados, pues el bloque oficialista cuenta con 364 votos (254 de Morena, 61 del Verde y 49 del PT), que significan 30 más de los 334 necesarios para conformar la mayoría calificada requerida en un cambio constitucional. Es decir, se pueden dar el lujo de perder varios votos en San Lázaro. Pero en el Senado la situación es distinta: el bloque oficialista tiene 86 integrantes (66 de Morena, 14 del Verde y 6 del PT), por lo que no pueden perder un solo voto para conformar las dos terceras partes. Si la oposición se presenta completa a la sesión del jueves, bastaría con que uno o dos senadores del Verde voten en contra para descarrilar la reforma.
No sería la primera vez que el Verde y el PT rechacen o modifiquen una reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum. En marzo de este año, Verde y PT votaron en contra de la iniciativa de reforma político-electoral de Sheinbaum y, después, el rechazo del PT obligó a descartar una reforma que buscaba adelantar el proceso de revocación de mandato para empalmarlo con la elección intermedia de 2027. En las últimas semanas, la presidenta ha mostrado su confianza en que los legisladores de los tres partidos aprueben su propuesta y, en los hechos, los diputados de los tres partidos aprobaron el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero según los legisladores consultados, en el Senado aún no están amarrados los 86 votos de las bancadas oficialistas.
