El Tribunal Supremo español suspendió este martes el derecho al voto de miles de ciudadanos naturalizados, en una decisión que ha generado polémica en el país europeo.
Los afectados son beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como "ley de nietos", y que fue aprobada en octubre de 2022.
Esa normativa permite optar por la nacionalidad a los nacidos fuera de España que sean descendientes de exiliados durante el periodo de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
La normativa ha beneficiado ya a miles de ciudadanos de distintos países del mundo, incluyendo a varios de América Latina.
En la práctica, la decisión del Tribunal Supremo paraliza la inscripción inmediata de estos ciudadanos en el padrón electoral y los obliga a demostrar que son familiares de españoles exiliados para poder ejercer su derecho al sufragio.
Esto se da luego de que el tribunal acogiera parcialmente las medidas cautelares solicitadas en un recurso interpuesto por los partidos de ultraderecha Vox e Iustitia Europa, que buscan evitar que este grupo de españoles participe en los comicios generales de 2027.
Acusan al gobierno socialista de Pedro Sánchez de intentar abultar el padrón electoral para beneficio de su sector político, algo que ha sido desmentido por el líder de La Moncloa.
En el fallo conocido este jueves, el Tribunal Supremo argumenta que la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".
