El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con nueve votos a favor y dos en contra la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano con el que buscó revisar perfiles antes de su registro para detectar posibles vínculos con el narco, delitos graves o corrupción rumbo a las elecciones de 2027. La nueva instancia quedó bajo la presidencia del consejero electoral Arturo Chávez y se concibió como parte del cumplimiento de una reforma legal que amplió las responsabilidades del instituto en la revisión previa de aspirantes a cargos de elección popular.
La votación del Consejo General también definió la primera integración completa de la comisión: además de Chávez, participaron la consejera Norma Irene de la Cruz y el consejero Uuc-kib Espadas. El órgano electoral determinó además que la Secretaría Técnica quedara a cargo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del propio instituto.
La consejera presidenta Guadalupe Taddei sostuvo durante la sesión vespertina de este jueves que la puesta en marcha de esta comisión reforzó la capacidad del organismo para responder con rapidez a las exigencias de la vida democrática y asumir las nuevas tareas que le encomendó el Poder Legislativo. En su intervención, planteó que el mandato legal debía convertirse en una política institucional sólida y en una visión de Estado para atender los nuevos retos del sistema electoral mexicano.
Taddei afirmó: “Hoy el INE está llamando a convertir un mandato legal en una política institucional sólida y en una visión de Estado que permita atender los nuevos retos del sistema electoral mexicano. La puesta en marcha de esta Comisión fortalece la presencia del Instituto como una autoridad que responde con oportunidad a las exigencias de la vida democrática y que incorpora a su actuación las nuevas responsabilidades definidas por el legislador”.
La comisión revisó listas antes del registro de candidaturas
La función central de la comisión quedó delimitada en la revisión de los listados de personas que pretendieran postularse a cargos de elección popular antes de que fueran registradas ante la autoridad electoral. El propósito fue verificar si existían nexos con el crimen organizado o antecedentes relacionados con conductas que comprometieran la integridad de una eventual candidatura.
Taddei explicó que esa información sería remitida a las instancias competentes en seguridad, inteligencia, procuración de justicia y materia financiera para que realizaran el análisis de riesgo correspondiente dentro de sus atribuciones. También precisó que el instituto concentraría la interlocución, daría cauce a las solicitudes y comunicaría los resultados emitidos por las autoridades especializadas, con protección de datos personales y sin comprometer el ejercicio de derechos.
La presidenta del INE subrayó que el organismo no determinaría por sí mismo la existencia de un riesgo razonable, no llevaría a cabo investigaciones propias y tampoco sustituiría a los partidos políticos en la selección de sus candidaturas. Con esa delimitación, el instituto buscó marcar que su papel sería de enlace institucional y no de autoridad investigadora ni de instancia partidista.
En otro tramo de su mensaje, Taddei señaló: “El valor de la tarea de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas radica en su capacidad de ser interlocutora entre los partidos políticos y las instancias de seguridad competentes para dotar de mayores elementos la toma de decisiones que afectan la vida diaria de la ciudadanía”.
El órgano quedó fuera del control directo de los partidos
Durante el debate, la consejera Carla Humphrey propuso que los partidos políticos y las representaciones del Congreso de la Unión ante el Instituto Nacional Electoral no tuvieran espacio dentro de la Comisión de Verificación. La modificación al proyecto inicial recibió el respaldo de las once consejerías.
Arturo Chávez respaldó esa exclusión y argumentó que los partidos no podían integrarse al nuevo órgano por el carácter confidencial de la información que ahí se trataría. Después de agradecer su nombramiento, sostuvo que la comisión buscaría cerrar espacios a perfiles que pudieran representar riesgos para la función pública mediante procedimientos de intercambio de información entre autoridades de seguridad y del sector financiero.
Chávez remarcó que ese mecanismo no implicaría sustituir las atribuciones de los partidos para definir sus candidaturas. También indicó que la decisión final sobre el registro seguiría en manos de los propios institutos políticos.
La integración se planteó como temporal, pero con permanencia de tres años
Antes de su aprobación, el proyecto de acuerdo estableció que la integración inicial de la comisión sería una medida temporal y excepcional. Aun con ese carácter, también previó que las tres consejerías permanecieran en el órgano por un periodo de tres años.
El documento contempló además que, en septiembre de este año, cuando se realizaran nuevas integraciones del resto de comisiones, se debería prever que quienes formaran parte de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas respetaran el tope de cuatro comisiones fijado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En una versión previa del planteamiento también se había considerado que Chávez la encabezara durante un año.
El proyecto justificó la creación del nuevo órgano como una medida necesaria para cumplir con la reforma legal y salvaguardar la función electoral bajo criterios de continuidad institucional, eficacia en el ejercicio de las atribuciones del instituto y organización adecuada de los trabajos del Consejo General.
El INE aprobó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas con nueve votos a favor y dos en contra.
La comisión quedó integrada por Arturo Chávez, Norma Irene de la Cruz y Uuc-kib Espadas, con apoyo técnico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
El nuevo órgano revisaría listas de aspirantes antes de su registro para detectar posibles vínculos con crimen organizado, delitos graves o corrupción, pero sin investigar por cuenta propia ni sustituir a los partidos.
