Se trata de un estudio que analizó los resultados electorales de los puestos de votación rurales con base en los escrutinios cerrados el 26 de junio.
“La paradoja del voto cautivo. Evidencia electoral y modelos de riesgo en la segunda vuelta presidencial de 2026”, ese es el nombre del último análisis publicado por la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial en la zonas rurales del país para determinar si los grupos armados ilegales manipularon el voto.
El informe detalla que, aunque persisten riesgos reales de control social, constreñimiento y afectaciones a la libertad del voto en diferentes regiones, “no existe evidencia estadística que asocie de manera automática, proporcional o generalizada la injerencia de Grupos Armados Ilegales (GAI) con el aumento del caudal electoral de alguna de las candidaturas en contienda”.
El estudio, según señala la MOE, se realizó a partir de la aplicación de tres modelos analíticos —incluida la metodología histórica de atipicidades de la MOE.
“La investigación demuestra que el comportamiento del voto rural respondió principalmente a dinámicas organizativas locales, identidades históricas y liderazgos territoriales. Los análisis estadísticos revelaron coeficientes de determinación cercanos a cero y demostraron que, incluso en zonas bajo control armado hegemónico, se registraron triunfos contundentes de opciones ideológicamente opuestas a los grupos dominantes, lo que desvirtúa la hipótesis de una alineación electoral impuesta por la fuerza. Asimismo, las escasas atipicidades detectadas en el Cauca corresponden a procesos de alta cohesión social y representación sociológica de comunidades étnicas, y no a coerción armada”, también se lee en el informe.
La organización también señaló que el crecimiento sostenido de la participación electoral rural, que alcanzó un histórico 64,39 % en la jornada de 2026, se debe más bien a un proceso de movilización democrática, apropiación de las urnas y mayor acceso electoral.
La MOE hizo un llamado a “superar las narrativas estigmatizantes sobre el campo —como la generalización del ‘voto fusil’— para, en su lugar, reconocer la autonomía política de las comunidades y garantizar plenamente las condiciones de seguridad y libertad para sus decisiones democráticas en los territorios".
