El plan confirmado por Jorge Rodríguez plantea un proceso conjunto entre el Parlamento electo en 2015, respaldado por Estados Unidos, y el órgano legislativo de 2026, controlado por el oficialismo
La oposición venezolana y el chavismo anunciaron que el próximo 1 de agosto iniciarán una hoja de trabajo conjunta con el objetivo de avanzar hacia la reinstitucionalización democrática del país, en el primer acercamiento formal entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y la Asamblea Nacional de 2026, actualmente bajo control del oficialismo.
El anuncio fue realizado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a través de un comunicado publicado en la red social X, en el que informó que ambas partes acordaron abrir un espacio de trabajo conjunto “a los efectos del fortalecimiento de la democracia”, en medio de una prolongada crisis institucional que durante más de una década enfrentó a los principales poderes del Estado.
Según el comunicado, la iniciativa comenzará el 1 de agosto y se desarrollará con “exmiembros de la Asamblea Nacional del período 2015-2020”. Rodríguez explicó que la decisión se enmarca en el llamado a la unidad nacional para afrontar las consecuencias del reciente doblete sísmico y sostuvo que el respaldo internacional recibido tras la emergencia demuestra que “solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz”.
Aunque el documento no detalla el alcance de la hoja de trabajo ni establece un cronograma de medidas concretas, el anuncio constituye el primer reconocimiento público de un mecanismo de diálogo institucional entre los dos bloques políticos que protagonizaron la mayor disputa de poder registrada en Venezuela desde la aprobación de la Constitución de 1999.
La decisión busca comenzar a cerrar una fractura institucional que se abrió tras las elecciones parlamentarias de 2015, cuando la oposición obtuvo una mayoría calificada de dos tercios en la Asamblea Nacional, poniendo fin a 16 años de control legislativo del chavismo.
Aquella victoria otorgó al Parlamento amplias facultades constitucionales para legislar, ejercer control político sobre el Ejecutivo y participar en la designación de altas autoridades del Estado. Sin embargo, incluso antes de que los nuevos diputados asumieran sus cargos, comenzó un enfrentamiento entre el Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El máximo tribunal suspendió la proclamación de tres diputados opositores del estado Amazonas por presuntas irregularidades electorales. Cuando la Asamblea Nacional decidió juramentarlos, el TSJ declaró al Parlamento en “desacato” en enero de 2016 y sostuvo que sus actuaciones carecían de efectos jurídicos mientras no cumpliera plenamente la decisión judicial.
A pesar de que los diputados posteriormente fueron desincorporados, el conflicto no se resolvió. Durante los meses siguientes, el TSJ anuló numerosas leyes aprobadas por la Asamblea y emitió una serie de decisiones que limitaron progresivamente sus competencias constitucionales.
La tensión alcanzó uno de sus momentos más críticos en marzo de 2017 con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, que permitieron que funciones legislativas fueran ejercidas por el propio tribunal u otros órganos del Estado. Las decisiones generaron cuestionamientos dentro y fuera de Venezuela y profundizaron la crisis entre los poderes públicos.
Ese mismo año, el presidente Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente, que comenzó a ejercer funciones legislativas y desplazó en la práctica al Parlamento elegido en 2015, aunque este continuó sesionando y reivindicando su legitimidad.
La disputa institucional dio un nuevo giro en enero de 2019, cuando la Asamblea Nacional declaró que el nuevo mandato presidencial de Maduro carecía de legitimidad y el entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, asumió como presidente encargado invocando disposiciones de la Constitución.
A partir de ese momento coexistieron dos estructuras políticas que reclamaban legitimidad institucional. Mientras Maduro mantuvo el control efectivo del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la administración pública, la Asamblea Nacional de 2015 fue reconocida durante varios años por Estados Unidos y otros gobiernos como la institución legislativa legítima de Venezuela.
La situación volvió a modificarse con la instalación de un nuevo Parlamento bajo control del oficialismo, lo que dio paso a una nueva etapa de la disputa política. Desde entonces, ambas estructuras coexistieron sin establecer mecanismos formales de cooperación, manteniendo posiciones enfrentadas sobre la legitimidad de las instituciones venezolanas.
El anuncio realizado este martes supone un cambio significativo respecto a esa dinámica de confrontación. Por primera vez, representantes vinculados a ambos parlamentos aceptan iniciar una hoja de trabajo conjunta con el propósito declarado de fortalecer la democracia, contribuir a la reconstrucción nacional tras la emergencia sísmica y avanzar en la recuperación del funcionamiento de las instituciones del Estado.
