En el despacho del saliente presidente de Colombia reposa un documento oficial que demuestra la falta de sustento de las alegaciones de un supuesto hacker
Al despacho de Gustavo Petro llegó, el pasado 30 de junio, un documento que cuestiona su narrativa del fraude electoral. Se trata de un informe técnico de inteligencia que EL PAÍS conoció en exclusiva y que deslegitima las denuncias formuladas por un hacker, a quien el propio presidente había citado como fuente de sus señalamientos. El documento concluye que, hasta ahora, no hay pruebas suficientes para acreditar ninguna irregularidad. A menos de un mes de que se acabe su Gobierno, el mandatario de izquierda no ha logrado sustentar su narrativa del fraude electoral, pese a que se niega a reconocer el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella e insiste en que este jueves denunciará penalmente el robo de las elecciones.
La carta, de cuatro páginas, fue elaborada por un técnico en informática adscrito a una entidad de inteligencia, encargado de verificar las acusaciones de fraude electoral denunciadas por el presidente. Según el documento, la persona que acudió a inteligencia no aportó pruebas suficientes y se limitó a señalar que vio resultados cargados en el software de la Registraduría antes de los comicios. Posteriormente alegó que sus comunicaciones habrían sido interceptadas con el programa espía Pegasus, y aprovechó el encuentro para pedir protección por su supuesto hackeo. “Nos decía que llevaba cuatro días trabajando en consolidar las pruebas, pero que su familia corría peligro y al final no entregó nada”. La entidad de inteligencia concluye que, por lo menos en esa fuente, no existen evidencias de irregularidad electoral.
El mandatario ha tocado la puerta de al menos tres entidades del Estado con dependencias en informática para validar sus pruebas y tener un sustento técnico sobre el fraude que alega. Solo una de ellas —otro organismo de inteligencia— asegura tener evidencias de que las credenciales de usuario del software donde se cargan los resultados de los comicios se difundieron antes de las elecciones, pero no sobre una posible alteración en el conteo. El funcionario que recibió la información le asegura a este diario que las pruebas fueron allegadas ante la Fiscalía y la Policía, así como una denuncia sobre una empresa que duplicó cédulas en el sector de Paloquemao, en el centro de Bogotá, durante la semana de las elecciones.
El presidente Gustavo Petro aseguró que este jueves presentará nuevas demandas penales por nulidad de la elección, y reafirmó que buena parte de los supuestos delitos se cometieron en Estados Unidos. “En el consulado de Los Ángeles no entregaron el escrutinio de claveros en el exterior porque ahí está el fraude. Y yo no puedo aceptar un presidente ni darle la mano el 7 de agosto porque eso es un fraude”. Además, aseguró que la cifra de votos irregulares es de unos 880.000.
Luego de que las oficinas de inteligencia de su Gobierno desestimaran la prueba, el mandatario de izquierdas buscó una segunda opinión técnica en el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. Tampoco encontró el respaldo que esperaba. Aun así, insiste en su versión: “usaron la nube de Google desde Estados Unidos, donde se cometió el delito. No fue un ataque directo (...). La información sale de las mesas de claveros, pero no llega a la Registraduría sino a un intermediario privado”, dijo en el consejo de Ministros.
En la misma reunión, Petro le pasó la factura a su ministra Carina Murcia, con un reclamo directo: “A mí me gustaría saber cómo funcionó la ciberseguridad de MinTIC, porque no veo que hayan detectado nada”. Y luego le ordenó que asumiera personalmente las denuncias penales que, según él, se impondrán este jueves.
Pero alrededor del presidente hay quienes sí le dan dimensión a las denuncias, más por un acto de fe que porque conozcan alguna evidencia. “Cuando el presidente habla es porque hay gato encerrado. No ha presentado las denuncias porque está manteniendo la tensión en la opinión pública, pero las tiene y las va a ir publicando. Tiene, en particular, una prueba reina”, dice sin dar más detalles una fuente cercana a la Casa de Nariño. Las versiones alrededor de su acusación, como muchos asuntos del poder, son contradictorias.
Como sea, Petro no ha bajado el tono. El pasado 7 de julio citó a la bancada de su partido, el Pacto Histórico, a una reunión en la Casa de Nariño en la que prometió entregarles el material que, según él, sustenta el fraude. La tensión escaló al punto de que De la Espriella suspendió el proceso de empalme con el Gobierno saliente y acusó a Petro de buscar un golpe de Estado para no dejar el poder, mientras el presidente ha convocado a sus seguidores a movilizarse en las calles el próximo 20 de julio, la fecha en que se instalará el nuevo Congreso; y para el 6 de agosto, el último día de su Gobierno. Hasta ahora, el Pacto Histórico tampoco ha revelado las pruebas.
Desde el 21 de junio, Petro ha insistido en que el verdadero ganador de la segunda vuelta fue el candidato de su coalición, Iván Cepeda, y ha dicho que el triunfo de De la Espriella se fraguó con algoritmos operados desde California por la empresa de inteligencia privada israelí Black Cube. Pero las compañías que han hecho veeduría sobre el software electoral no han levantado alertas. La inteligencia del Estado tampoco ha encontrado rastros. “La inteligencia del Estado tiene el deber de velar también por la jornada electoral y no tenemos indicios de irregularidades en ninguna de las dos jornadas”, explica un oficial que acompañó los comicios.
La alerta de fraude se suma a otro fantasma que recorre la Casa de Nariño y que, según dos personas cercanas a Petro, no ha sido menor en la postura que han asumido él y su partido: el temor a un proceso en Estados Unidos una vez pierda la inmunidad presidencial, e incluso a una extradición. El propio mandatario se ha referido públicamente al tema. “Quien aún sueñe con procesarme por narcotráfico en EE.UU. tendrá que esmerarse muchísimo en la calumnia”, escribió la semana pasada en X, al tiempo que acusaba a sectores cercanos a De la Espriella de impulsar esa posibilidad.
Una persona cercana al mandatario cuenta que a la Presidencia ha llegado información sobre un plan para encarcelarlo. Aunque no ha trascendido de qué tipo de investigación se trataría ni en qué etapa se encuentra, la angustia es notoria. “Al presidente le preocupa más lo que pueda venir después del 7 de agosto que lo que pase con las elecciones”, dice. Esa preocupación, señalan las fuentes consultadas, ayuda a explicar por qué Petro ha mantenido con la narrativa del fraude, incluso después de que su propia inteligencia la desestimara.
Esa urgencia por mantener abierto el capítulo electoral se ha traducido, esta semana, en una ofensiva judicial. El miércoles, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y militante del Pacto Histórico, Luis Guillermo Pérez, radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la elección de De la Espriella. La acción no solo busca anular el resultado, sino que pide como medida cautelar que no pueda asumir el cargo mientras se resuelve el proceso. Los argumentos van desde la nacionalidad estadounidense de De la Espriella hasta el lenguaje que usó en campaña y pasan por presuntas irregularidades en el las votaciones en el exterior.
Las intenciones de aplazar la posesión, dice una fuente cercana al mandatario, no son fortuitas. “El presidente busca ganar tiempo para mostrar las pruebas del fraude. Por eso ha hecho el llamado a sus bases en dos movilizaciones antes de la posesión. Si llega a ocurrir, la presidencia interina la asumiría el presidente del Senado que se elija el 20 de julio”, señala. Es decir, ya hay un camino institucional trazado, y que permite a Petro entregar el poder como ha prometido y como exige la Constitución.
A pesar del informe de inteligencia que sigue en el despacho presidencial, el mandatario mantiene su tesis del fraude. Es, más que una cuestión jurídica, una apuesta política que comparte con su candidato Iván Cepeda, quien ya ha llamado a la “desobediencia civil pacífica”. Lo que está en juego para Petro no es solo el relato de las elecciones que dice que se robaron, sino la base social que necesitará después del 7 de agosto, cuando deje la Presidencia y, con ella, el fuero que hasta hoy ese día lo protege.
